28 agosto 2009

Ripreso dal Courrier International, il settimanale colombiano Semana si occupa della allarmante situazione dei media in Venezuela, dove oltre trenta stazioni radio sono state chiuse in base a sospette sanzioni di natura "amministrativa" (sanzioni che puzzano di censura lontano un chilometro). Oltre a una retorica anti-giornalistica che suona stranamente familiare alle orecchie italiane, il chavismo sta utilizzando le maniere forti contro le emittenti che osano criticare l'azione di governo. In questi giorni le proteste per un raid di trentacinque motociclette che hanno lanciato bombe e oggetti contro la sede di Globovision, l'ultima emittente televisiva privata a copertura nazionale, hanno poi spinto lo stesso Chavez a prendere le distanze dalla pasionaria Lina Ron, ambiguo personaggio pro-chavista che aveva organizzato l'aggressione squadrista. Globovision potrebbe presto cadere vittima della censura che un paio d'anni fa aveva portato alla chiusura del canale Rctv ed essere costretta a sua volta a chiudere i battenti. Sempre secondo Semana, le stazioni radiofoniche che sono state imbavagliate cercano di farsi sentire almeno su Internet. E' il caso di CNB, Circuito Nacional Belfort, che ha anche attivato una pagina su Facebook e un canale su Twitter.
In questi giorni la "fiscal" general venezuelana (come dire, il pubblico ministero) Luisa Ortega aveva minacciato di presentare in Parlamento una proposta di legge sui "delitos mediatìcos" che sarebbe molto piaciuta molto al nostro amato presidente del Consiglio. A quanto pare, però, nello schieramento di governo sono sorte alcune "divergenze" (come rivela un articolo del Nuevo Herald di Miami) e la presidentessa della Asamblea Nacional ha dichiarato che questo progetto di esplicita ratifica della censura di Stato, non verrà discusso.

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Ya que no se callan...

Sábado 8 Agosto 2009 VENEZUELA - La ofensiva del gobierno de Hugo Chávez contra los medios no da tregua. A las 32 emisoras de radio clausuradas, se suman ataques contra 'Globovisión' y su inminente salida del aire.

Las imágenes delataron a Lina Ron, una notoria militante chavista de la Unión Popular Venezolana (UPV), un partido que apoya al presidente Hugo Chávez. El lunes, ella lideró a unos 35 motociclistas armados que decidieron lanzar bombas de gas lacrimógeno y tomar las instalaciones de Globovisión, el único canal de línea abiertamente opositora desde cuando el gobierno decidió cerrar Rctv, hace ya dos años. El asalto dejó dos personas heridas y provocó desmayos e intoxicaciones. Todo quedó grabado y la condena pública no se hizo esperar. Hasta el Presidente, que en otras ocasiones había alabado el fervor de su pintoresca seguidora, rechazó la acción, aunque más que por exaltar la tolerancia o el respeto a las ideas divergentes, por su efecto contraproducente. "Lo que hace es darle oxígeno a la contrarrevolución. Le hace daño a la revolución la compañera Lina Ron. Se presta para un juego a favor del enemigo", dijo.
Globovisión ha sido, desde hace tiempo, una piedra en el zapato para el líder de la revolución bolivariana, quien ha dicho que el canal pertenece a "oligarcas apátridas", "lacayos del imperialismo" y "mafiosos", y lo acusa de ejercer el "terrorismo mediático". A pesar de que sólo transmite en señal abierta en dos ciudades (Caracas y Valencia), Chávez asegura que "envenena" a los venezolanos por su línea editorial crítica, y ha pedido a sus subalternos que actúen en su contra. La cadena ha sido víctima de todo tipo de ataques (ver entrevista). Pero el del lunes llegó en un momento clave en el que, una vez más, se cuestiona las restricciones a la libertad de expresión en la República Bolivariana.
La semana anterior el gobierno, que ha amenazado a otras 250 emisoras de radio, cerró 34. Y casi al mismo tiempo, la Fiscal general presentó ante la Asamblea Nacional un polémico proyecto de ley contra "delitos mediáticos" que desató la preocupación y el rechazo de todo tipo de asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, en Venezuela y en el exterior. El proyecto contempla penas de cárcel para los medios que atenten contra la "estabilidad", la "paz social" o la "moral pública", nociones subjetivas. Sectores opositores no dudaron en atribuirle una inspiración "hitleriana" y Human Rigths Watch lo calificó como una "receta para la censura". A mediados de la semana pasada, su aprobación quedó pendiente, aunque nada garantiza que haya sido descartado.
La clave parece estar en unas palabras de Chávez en marzo, cuando dijo a sus funcionarios que "si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al gobierno, a la revolución, estaría en mucho más del 80 por ciento". Desde ese regaño público, el ministro de obras Públicas y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, empezó a actuar en el caso de las radiodifusoras, y luego la Fiscal anunció su proyecto de ley de delitos mediáticos. "Recibimos la instrucción de acabar con el latifundio mediático, y lo vamos a hacer. Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas", dijo Cabello hace un mes ante el Congreso.
El gobierno asegura que la decisión sobre las radios, que el Colegio Nacional de Periodistas calificó como "despótica", fue un acto administrativo dictado por irregularidades en los permisos para operar. Pero pocos dudan que tiene una inspiración política. Como dijo a SEMANA Marcelino Bisbal, director del posgrado de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello, "son demasiadas casualidades juntas. Hay una línea de conducción política para acallar aquellos medios que hoy todavía siguen siendo críticos con este gobierno".
Chávez quiere para su gobierno lo que llama "la hegemonía comunicacional", pero aunque ha conseguido controlar el legislativo y el judicial, el llamado cuarto poder, como se conoce a la prensa, ha resistido sus embates. Durante estos 10 años el gobierno ha creado nuevos medios oficiales, impulsó una legislación restrictiva y asestó un gran golpe con el cierre de Rctv, el canal más antiguo de Venezuela, pero no ha sido suficiente. "El gobierno maneja cifras y sabe que los niveles de audiencia y el nivel de lectura de los diarios gubernamentales son relativamente bajos. Requiere silenciar ciertos medios que tienen una audiencia importante", asegura Bisbal.
El cierre de las radios, y en especial de la cadena CNB, le apuntaría a debilitar esas voces opositoras, pues a través de esa señal se solía transmitir Aló, ciudadano, un popular programa de opinión de Globovisión abiertamente crítico con la gestión del gobierno. Desde cuando se cerró Rctv no hay canales de cobertura nacional, a excepción de la radio y, según explicó a SEMANA Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, "sin la radio va a ser muy difícil dar un mensaje a nivel nacional". A esos temores se suma un secreto a voces que asegura que el gobierno ya decidió cerrar Globovisión, como ha amenazado en varias ocasiones, pero está buscando reducir el costo político. Y clausurar ese canal sin temer la reacción de las emisoras privadas de radio será mucho más fácil.

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Divergencias hunden ley sobre delitos mediáticos

POR SERVICIOS DE EL NUEVO HERALD CARACAS - La presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Cilia Flores, ratificó el jueves que el proyecto de ley de delitos mediáticos no será discutido por el Parlamento debido a divergencias surgidas, lo cual confirma que la polémica propuesta queda por ahora enterrada.
"La ley que era propuesta por la fiscal del Ministerio Público no tuvo consenso y no es proyecto de ley que esté en nuestra agenda legislativa'', aseguró Flores en una declaración que reprodujo la Agencia France Presse.
La presidenta del Parlamento recalcó que muchos de los aspectos planteados en la propuesta de la fiscal ya están regulados en el Código Penal actual, donde se contempla el delito de injuria o calumnia.
"Lo importante es que se cumpla lo que ya está establecido en esa legislación. Ya esa ley existe, no es que nosotros estabamos inventando, o que la fiscal estaba inventando el agua tibia, ya existen regulaciones'', agregó Flores.
Flores también descartó, "de momento'', que ese organismo otorgue, por cuarta vez, poderes legislativos especiales al jefe del Estado, Hugo Chávez, quien recientemente señaló que podría solicitarlos.
"No está planteado en este momento'' aprobar una llamada ley habilitante para Chávez, declaró Flores a los periodistas en la sede de la Asamblea Nacional, de 167 miembros, casi todos afectos al gobierno "revolucionario''.
Chávez, que asumió el cargo de presidente de Venezuela por primera vez en febrero de 1999, ha pedido y obtenido poderes especiales en tres ocasiones, con los que decretó un total 125 leyes, entre ellas las que permitieron el proceso de nacionalización en el sector energético.
La primera "habilitante'' la obtuvo Chávez en 1999, cuando aprobó 50 decretos leyes; la segunda en el 2001 y le permitió decretar otras 49, y la tercera en el 2007, por 18 meses, al cabo de los cuales aprobó otros 26 decretos-ley, de acuerdo a los datos oficiales.
En cuanto a la ley de delitos mediáticos, la semana pasada, la fiscal general Luisa Ortega presentó una propuesta para aprobarla, donde se que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para quien publique una información "falsa'', "manipulada'' o "tergiversada'', que cause ‘‘perjuicio a los intereses del Estado'' o atente contra la "moral pública'' o la "salud mental''.
Esta propuesta provocó protestas e inquietud dentro y fuera de Venezuela y el martes, cuando estaba previsto que la comisión de medios de la Asamblea Nacional debatiera la propuesta, el proyecto pareció quedar enterrado.
El argumento presentado fueron las divergencias surgidas dentro de esta comisión y el hecho de que la fiscal no tiene potestad legislativa.
"Uno puede tener libertad de expresión y expresarse. Pero si uno con esa libertad de expresión incurre en estos delitos, la otra persona tiene todo el derecho de interponer ante los organismos correspondientes las demandas'', declaró Flores.
Según publicó el jueves el diario El Nacional sin citar sus fuentes, una reunión de urgencia celebrada el lunes en la noche en el palacio presidencial de Miraflores decidió que la propuesta "debía detenerse y el tema debía desaparecer ante la opinión pública''.
El diario afirmó que la fiscal "no consultó a nadie ni midió el efecto'' del proyecto que presentó ante la Asamblea Nacional, que pese a estar controlada por el oficialismo fue escenario de divisiones entre diputados.
Las protestas en Venezuela han sido frecuentes en estos días debido a esta polémica propuesta y a la salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales, que según el gobierno estaban usando su permiso de transmisión de forma ilegal.

(radiopassioni.it)